El café pierde aroma
El café escasea en Venezuela al punto que ya se decidió importarlo desde Brasil para suplir la demanda interna. Poder y Negocios se desplazó hasta la principal zona productora para conocer la situación real contada por los propios caficultores
En Chabasquén, municipio José Vicente de Unda del estado Portuguesa ubicado en el corazón de la producción cafetera, se ven motocicletas por todas partes. Fueron compradas por muchos de los beneficiarios de los créditos entregados a través de los programas de financiamiento del Plan Café, los cuales deberían haberse destinado para mejorar la productividad y calidad del grano.
Esto sucedió porque no hubo control sobre el destino de los recursos otorgados, lo que derivó en una reducción de la producción nacional cafetalera y en la toma de decisión, por parte del gobierno, de importar 1.500 toneladas del grano. Esta noticia impactó a los productores, quienes recuerdan con cierta melancolía aquellos años cuando Venezuela era un país exportador y que de acuerdo con los datos históricos que han leído, o les han contado los mayores, llegó a ser el tercer productor mundial, por allá en 1895.
Ahora la realidad es muy distinta y los habitantes de la zona insisten en alertar sobre las consecuencias de las políticas erradas que, aseguran, se están tomando en el gobierno. Creen que las actuales circunstancias pueden provocar no sólo el desabastecimiento del café, sino algo más grave: la escasez del agua que se consume en la región y en parte de los Llanos; lo que a su vez afectaría la producción de otros rubros agrícolas. Así lo aseguran muchos productores, incluso el propio alcalde local Oswaldo Zerpa, un técnico cafetero miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). “En el gobierno lamentablemente muy poca gente conoce a fondo la realidad de los cafeteros y se ponen soberbios y groseros cuando se les da una pequeña y humilde opinión”, afirma.
Zerpa sostiene que aunque el de Hugo Chávez es el gobierno que más recursos ha destinado para los cafeteros (sólo para el estado Portuguesa 50 millones de bolívares fuertes según sus reportes) y diseñó un plan para el café, los recursos no se han destinado correctamente o no han llegado en el momento oportuno. “Por eso cuando llega real, lo que hacen todos es comprarse motos y carros. Antes había tres y ahora hay como tres mil motos en la zona… se han desviado los recursos”, insiste.
Entre los problemas detectados por la alcaldía del municipio Unda, además de la falta de contraloría sobre los recursos, se encuentra el valor de la mano de obra, que se lleva el 66 % de los costos de producción (40 Bs.F. por jornal), los costos elevadísimos de los insumos, el mal estado de las vías, la broca, el control de precios y la designación de personal que no entiende nada del cultivo, como peritos para definir los desembolsos y vigilar el proceso productivo.
Pero hay una dificultad adicional que a Zerpa y a otros productores locales les preocupa aún más: la tala de las plantaciones cafeteras para cambiarlas por pasto y ganado, lo que reducirá la producción de agua y también afectará a una vasta parte de la región llanera, donde llega el líquido que nace en las montañas de Portuguesa y que gracias al café sirve para irrigar otros cultivos. Zerpa lo resume de esta manera: “Dejar de producir café aquí, es también dejar de producir maíz en los Llanos”.
Un arranque perdido
El alcalde Zerpa no comprende cómo a pesar de que fue en el estado Portuguesa donde se propusieron las iniciativas, se tenían las semillas para ejecutar un plan cafetero y el gobierno había decidido colocar recursos en una cuantía nunca antes vista, todo el esfuerzo se perdió demasiado rápido. “Arrancó masivamente la siembra de café y al estado se le aprobaron más créditos que en cualquier otro: 20 millones de bolívares fuertes inicialmente… los créditos no han sido oportunos y en el café, como en otros cultivos, la plata se tiene que dar a tiempo”.
Según cultivadores de la región, hasta seis meses tuvieron que esperar para que les dieran el dinero y en ese tiempo había que limpiar, abonar, controlar la maleza o fertilizar. Los que siguieron empeñados en sacar adelante el cultivo se vieron obligados a buscar un prestamista, con los costos que ello implica, y a quienes se les perdió parte del cultivo, cuando llegó el dinero entonces compraron motos porque no les exigieron garantías suficientes sobre lo que se les entregaba. Antes, cuando existía el Fondo Nacional del Café los créditos se daban sobre la hipoteca de las tierras, ahora esto no ocurre y nadie responde por nada, asegura Zerpa.
Eso sucede porque ninguno de quienes manejan la política cafetera ha escuchado las recomendaciones de los productores, opina Vicente Antonio Pérez, un veterano dirigente y productor cafetero de Chabasquén que comparte el proceso chavista. “Nos tienen marginados y las políticas cafeteras que se han creado sólo distorsionan la industria. La mayoría de los funcionarios que dirige la política no sabe”, asegura.
El problema es que además de no conocer lo que hace un caficultor, agrega Pérez, los funcionarios del gobierno tampoco han querido hablar y no asisten a las reuniones que hacen los caficultores. “Existe la Corporación Venezolana Agraria (CVA), pero sus dirigentes no se sientan con nadie a pesar de que hemos intentado reunirnos con ellos. No tienen oficinas en las zonas productora de café. Nadie los fiscaliza y nadie tiene estadísticas de nada. Nosotros no queremos discutir, sólo dialogar”, insiste.
El productor recuerda cómo en un momento en la zona se procesaron 150.000 quintales de café (sacos de 46 kilos) y 85.000 se exportaban pero “desde que llegaron los políticos y vieron que podían sacar provecho al sector dañaron todo”. Hoy, dice, ya no hay ni la sombra de lo que existió. Hasta el beneficiadero de café, según Pérez el más grande de Venezuela, se utiliza como chivera y como bodega de Mercal, para lo que no fue construido.
Considera Pérez que el Plan Café no funcionó porque los técnicos que han destinado para analizar los créditos y el programa de producción son llaneros que saben de maíz pero no de café. Algunos de ellos son profesionales de ramas muy distintas como veterinarios o contadores. No tienen ningún conocimiento del sector y tampoco han sido capacitados sobre el proceso de producción y gastos para que el cultivo pueda tener éxito.
Pero ése no ha sido el único inconveniente. Tanto Pérez como otros cultivadores de la zona dicen que ya se comenzó a sentir la incidencia negativa de las misiones sociales del gobierno en la caficultora. “Ya la gente no quiere trabajar porque ganan dinero por otro lado y perro cazador jarto no caza”, ejemplifica. Este inconveniente es mayor en Mérida y Táchira, estados donde la producción también ha disminuido y los productores se quejan por falta de mano de obra. “Ni los colombianos vienen ya porque el bolívar no vale como antes”, aclara otro caficultor.
Debido a esa situación, el cultivo se está abandonando paulatinamente. Quienes persisten hacen control de malezas sólo una vez al año cuando deberían ser tres, fertilizan una vez si consiguen el dinero y este es un proceso que debe hacerse dos veces al año o fumigan cuando se puede. Otros han preferido tumbar las matas para sembrar pastos y traer ganado.
Los políticos y algunos enviados del gobierno han propuesto que los estudiantes y miembros de consejos comunales recojan el café para salvar la producción. Los cafeteros de Chabasquén dicen que eso no es viable. Ni siquiera el propio alcalde Zerpa, a pesar de ser chavista, cree en ella. “Cuando les pique el primer gusano o vean la primer culebra salen corriendo. Nadie va a trabajar gratis, eso no se logra así, la gente necesita comer, eso no es socialismo”, insistió.
Ni terratenientes ni estadísticas
A los productores de café de la región les sorprende cuando se les pregunta por los terratenientes del sector. No existen, o al menos ellos aseguran que no los conocen. Orángel Sequera, presidente del Consejo Legislativo del estado Portuguesa por el PSUV, asegura que la mayoría de la fincas son mantenidas por familias propietarias. De acuerdo a sus informes el 85 % de los predios cafeteros tienen menos de tres hectáreas.
El problema es que hoy nadie puede dar fe de cuántas fincas o hectáreas hay sembradas de café realmente en Venezuela, ni existe algún tipo de programa académico que prepare a los caficultores del mañana. Lo que se sabe es conocimiento empírico que se transmite de generación en generación. De hecho el Plan Vuelvan Caras, que se instauró como un mecanismo organizativo para el sector productivo, al menos para el caso del café, es muy poco lo que puede mostrar, de acuerdo con Sequera.
Esa disminución en el número de caficultores se observa en la Asociación Cooperativa Cooper Paraíso R.L. donde quedan sólo 70 miembros activos de los 122 afiliados que la conformaban. Alí Rafael Rodríguez, uno de sus creadores, cuenta que algunos de los que se fueron decidieron buscar otra opción de trabajo como sembrar cambur o producir miel ante la incertidumbre que hay en el sector.
Según Rodríguez, a pesar de que por lo menos a 40 de los miembros se les condonó la deuda que tenían con el gobierno, la situación actual es crítica y los obliga a buscar otras opciones. Ahora tienen una leve esperanza porque lograron ponerse en contacto con el gobernador Wilmar Castro Soteldo y hay posibilidad de buscar nuevos negocios. Ellos se cuentan entre los pocos que desafiaron el adverso entorno y se atrevieron a montar su propia torrefactora (procesadora de café) y ahora albergan alguna esperanza.
Esta asociación obtuvo ayuda financiera (un crédito de 420.000 bolívares) a través de una fundación que trabaja con la gobernación de Portuguesa. Han elaborado su propia marca de café (Chabasquén), que distribuyen en varias localidades de la región y que pretenden colocar en Pdval a un costo que les genere una ganancia, así sea mínima, para comenzar a pagar su obligación, cuya primera cuota ya se venció. “El costo de producción nuestro es de 15,5 bolívares fuertes por kilo. Mercal ofrece 15 bolívares, Pdval podría comprarnos en 16,5, si se vende un buen volumen se puede ganar algo”, asegura.
“El café Chabasquén” es una de las contadas iniciativas que intenta superar las dificultades que enfrentan los caficultores de la región. Mientras la mayoría de los cultivadores sólo se dedica a vender el café verde, esta asociación ha preferido vender el café ya procesado para obtener más ganancias. Son sólo 70 frente a los cerca de 70.000 caficultores que se calcula hay en el país.
Rentabilidad, el verdadero problema
Si en algo están de acuerdo casi todos en la cadena productiva es que el problema que hay en Venezuela es de rentabilidad: El único que parece no comprenderlo es el gobierno, coinciden todos cuando se les pregunta sobre su principal inconveniente. Producir un quintal de café (saco de 46 kilos) cuesta 630 bolívares y el precio del grano de mejor calidad está regulado en 470, como reza el aviso de la Unidad de Atención y Prestación de Servicios Socialistas Peñas Blancas de la CVA (Corporación Venezolana Agraria) que se encuentra a un lado de la carretera en la zona rural del municipio de Unda, una de las cien que hay en los 14 estados cafeteros del país.
Allí, de acuerdo a uno de sus trabajadores, se compra café a los productores durante todo el año, se les ayuda con procesos para acondicionar la tierra y hasta se les entregan fertilizantes. El pago se hace con un cheque de Banfoandes. Los productores deben desplazarse hasta Biscucuy, donde está la agencia más cercana, y obtener el efectivo que necesitan, lo que reduce aún más sus márgenes de ganancia por el costo del transporte. Algunas veces también se acaban los cheques y deben esperar que traigan nuevos. “No es la solución ideal”, insiste un campesino de la zona.
En la última zafra se compraron en esta unidad de atención un poco más de 6.000 quintales. En la zona la producción es de 100.000 quintales, lo que revela que los comerciantes siguen adquiriendo la mayor parte. “Es posible que en la próxima zafra se pague un poco más por el café verde, pero hay que esperar”, sostuvo un cafetero que pasó por este centro de acopio.
Ese mismo caficultor tiene muy claras las cuentas: producir una hectárea cuesta 30.000 bolívares. Durante el primer año de producción (el tercer año después de la siembra) se podrían obtener 15 quintales en el mejor de los casos, lo que representaría una ganancia de 7.500 bolívares tomando como base el precio que pagan los intermediarios (500 Bs. por quintal). Al año siguiente (cuatro años después de la siembra) se podría sacar hasta 30 quintales de una hectárea, que serían 15.000 bolívares si el precio es el mismo. Si esa productividad se mantiene en los años posteriores los caficultores recuperarían su inversión en un lapso de seis años. Todo lo tiene bien calculado.
Los cultivadores consideran que debería establecerse un precio justo por el quintal: 850 bolívares. Según sus cálculos en el segundo año de producción se recuperaría la inversión y se incentivaría a los cafeteros para que continúen con la producción y desistan de desplazarse a otros cultivos o a la ganadería.
El alcalde Oswaldo Zerpa asegura que cuando se paga el precio que fijó el gobierno, y para el cual nunca se pidió la opinión de los productores, de 470 bolívares, los cafeteros pierden al menos 120 bolívares. Si les pagaran 600 sólo les alcanzaría para cubrir los gastos en que incurren y no obtendrían ninguna ganancia, pero como están las cosas siguen perdiendo y en algún momento desistirán.
Si no se toman las medidas necesarias para estimular al cultivador, los cafeteros seguirán emigrando hacia otros cultivos o negocios. Como ya vaticinó el concejal Orángel Sequera, su hijo, la quinta generación de una familia caficultora, seguramente no continuará con la tradición. Una verdad muy amarga para un cultivador.
LOS PROBLEMAS DE SIEMPRE
•Baja productividad del cultivo
•Deficientes condiciones económicas en zonas productoras
•Falta de apoyo técnico y financiero
•Crecimiento de la broca (plaga)
•Precaria situación de vías de comunicación
•Aumento de la inseguridad
Fuente: Reportes de los censos cafeteros
LAS PETICIONES DE LOS CAFETEROS
Un aumento del precio del quintal de café verde a un precio base de 630 bolívares. Lo ideal sería fijar la venta del grano de mejor calidad en 850 Bs.F. para que su trabajo sea rentable y las fincas vuelvan a producir.
Un diálogo con el gobierno. Vicente Antonio Pérez sostiene que es fundamental que los escuchen porque de algo deben servir los 40 años de experiencia en la producción de café que tienen productores como él. Considera que es primordial tener representantes en la Asamblea Nacional que conozcan no sólo la región productora sino la propia industria cafetera. Durante los últimos diez años no ha habido en el Poder Legislativo un amigo del sector. “El último fue Juan Bautista Martínez , quien estuvo en el Parlamento durante la segunda presidencia de Rafael Caldera”, recuerda.
Que se reactive el Fondo Nacional del Café para que regule las políticas cafetaleras. En esa instancia deberían participar los representantes de toda la cadena productora, así ésta esté regulada por el gobierno. Lo más importante para ellos es que se les escuche a la hora de fijar el precio del quintal.
Que se eduque a grupos de especialistas en la política cafetera para que en lo sucesivo quienes tomen decisiones sobre créditos y procesos productivos lo hagan sobre bases técnicas.
Que se reactive la junta de café establecida en la Ley de Mercadeo Agrícola, que debe estar compuesta por 13 personas de toda la cadena productiva y excluir cualquier presencia de políticos.
El concejal Orángel Sequera propone sincronizar el calendario escolar con la época de producción en las regiones cafeteras. Actualmente la zafra coincide con el inicio de las clases. Como la recolección del café es un negocio familiar, Sequera plantea que las actividades se inicien en enero o febrero.
Que se reinicien los programas del Plan Café que establecen la creación de escuelas o carreras técnicas para el caficultor, el financiamiento de proyectos de servicios básicos y la ejecución de programas viales en zonas productivas.
Que se faciliten los procesos de registro de propiedad. Aunque en la mayoría de los casos la tierra es propiedad de los caficultores, no todos los procesos que acreditan esa pertenencia han culminado debido al costo de los registros ante el INTI, el Seniat o las oficinas de Catastro.
Que el Estado financie a los cultivadores. Hasta finales de 2008 el Estado brindaba estímulos a través de Fondafa. También se propone el financiamiento de la banca privada a través de resoluciones oficiales.
El contrabando y el desinterés se dan la mano
El gobierno pretende responsabilizar a la empresa privada de una situación generada el control de precios. Hace algunas semanas el gobierno decidió ocupar temporalmente las dos plantas de café más grandes del país -Fama de América y Café Madrid, que adquieren entre el 60 y 70% del café verde en el país- aduciendo que promovían la extracción del producto hacia Colombia y que la medida era necesaria para garantizar el abastecimiento del grano en territorio venezolano.
El ministro de Agricultura y Tierras, Elías Jaua dijo que esas dos empresas habían adquirido tres veces más del grano que necesitaban y habían dejado a las pequeñas torrefactoras sin el producto. “Ahora dicen que no tienen materia prima para procesar”, explicó Jaua, quien presume que en algún nivel de la cadena se produce el contrabando hacia Colombia.
Las informaciones indicaron que en total unas 10.000 toneladas de café habrían salido hacia Colombia. Productores y procesadores se preguntan cómo es posible que esa cantidad salga sin que la Guardia Nacional o la Superintendencia de Silos se percaten.
Luego el presidente Hugo Chávez, en el sexto programa de Aló Presidente Teórico, agregó que las tomas de las plantas procesadoras de café forman parte de un plan estratégico para convertir al país en una potencia en esa área. El mandatario contó que había hablado con el ex primer ministro ruso, Vladimir Putin, sobre la industria cafetera nacional y que él le recomendó que fuera más drástico con la ley antimonopolio.
A través de un comunicado, Fama de América negó que esté realizando contrabando o acaparamiento a través “de supuestas compras en exceso de materia prima” y dijo que estaba dispuesta a colaborar con el gobierno. Alertó además sobre las dificultades para conseguir el grano verde.
Ya no sólo los grandes procesadores hablan de escasez. A través de los medios de comunicación en los estados Mérida, Lara y Portuguesa se escucha constantemente a los propios productores referirse al tema.
“No hay café porque los productores venezolanos hemos erradicado los cafetales y nos hemos dedicado a otras cosas. No hay estímulo para producir”, aseguró Rosa Santoromita en un programa de televisión desde Mérida, mientras en una radio en Barquisimeto el dirigente cafetero Maximiliano Pérez, de la Asociación Nacional de Caficultores de Venezuela, manifestó su preocupación porque ante la falta de producción local “se va a traer un café demasiado malo del Brasil” debido a que en Venezuela se paga muy mal.
Esa apreciación la comparten los intermediarios. En la población de Biscucuy en el municipio Sucre, estado Portuguesa, el gerente de la comercializadora de café Agromaca, Miguel Ángel Salas, asegura que con la denuncia de contrabando el gobierno quiere esconder sus equivocaciones. “El contrabando siempre ha existido, lo que sucede es que ahora buscan justificar la falta de café después de invertir tanto dinero, interviniendo a esas empresas”.
En su negocio, por ejemplo, durante la última cosecha (2008-2009) se compraron 14.000 quintales, mientras que la anterior (2007-2008) se habían adquirido 20.000 quintales. “En la que se avecina si acaso se llegará nuevamente a los 14.000. Eso demuestra que hay menos café”, aclara Salas.
Un productor local asegura que se le han entregado varios informes al gobierno en los que se detalla la manera cómo ha ido disminuyendo la producción de café, “pero parece que nadie los ha visto”.
Tanto a Salas como al presidente del concejo de Portuguesa, Orángel Sequera, les preocupa la intervención de las empresas que más compran café verde en el país, a pesar de que critican su forma de hacer negocio en las zonas donde sólo ellos tienen la capacidad económica para adquirir la producción.
“La intervención de esas empresas es delicada porque el gobierno pretende nacionalizarlas y hacerse el control administrativo y gerencial y eso sería delicado, si se tiene en cuenta que no han sido buenos administradores”, señala el concejal Sequera, mientras que Salas agrega que el problema es que el Estado no tiene la capacidad financiera ni logística para realizar esa labor. Caficultores de la zona dicen que “prefieren venderle al comercio porque paga a tiempo”.
Las estimaciones más optimistas indican que la producción de café verde para este año apenas superará la cifra de 1.100.000 quintales, cuando se requieren por lo menos 1.600.000 para atender la demanda.
Por eso ahora el gobierno anunció que se importarán 1.500 toneladas del grano desde Brasil que servirán para abastecer el mercado local. En palabras de Eduardo Samán, ministro de Comercio, el Ejecutivo quiere evitar que parte de la población se irrite o se altere cuando deja de consumirlo. Cuando se toma café, dijo Samán, “se produce un cambio en la conducta y los capitalistas saben eso y chantajean con el tema del café todos los años”, algo que el gobierno no está dispuesto a permitir. Un chiste que no alcanza a explicar un problema mucho más complejo.
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