El gobierno sacrifica al caficultor por el voto del consumidor
OPINION
Maximiliano Pérez
Noticiero Agropecuario.- El ministro de Agricultura y Tierras, Elías Jaua, informó que antes del primero de octubre será fijado el nuevo precio del café en Venezuela de acuerdo “a un estudio profundo de la estructura de costos acorde con la realidad económica del país”, y no se ha considerado que los productores del rubro están inmersos en un caos por la implementación de políticas oficiales erradas que, incluso, se agravan con el decomiso de nuestras cosechas a través de las milicias y Consejos Comunales, según se ha conocido extraoficialmente.
Ante ésto la Asociación Nacional de Caficultores de Venezuela, reitera que antes de que el gobierno autorice un nuevo precio, debe tener presente el estado en que se encuentran 55 mil familias caficultoras, que estamos trabajando a pérdida. Suponemos que el gobierno nacional está cuidando la economía del voto, en manos de los consumidores, sacrificando inmisericordemente al sector productor que requiere un precio justo, equitativo, y rentable, no menor a 850 BsF el quintal, de acuerdo a la banda de precios aprobada en 2004 y a la indexación por concepto de inflación.
Sinopsis de una tragedia
12 de Mayo de 1998: Se “Declaró en Emergencia la Producción Cafetalera en la Asamblea Legislativa del estado Lara”.
28 de Mayo de 1998: Fue tomada la sede del extinto Ministerio de Agricultura y Cría, actual Ministerio de Agricultura y Tierras, en el estado Lara, situación que se prolongó durante 20 días, hasta que fue aprobado un precio qué, para aquella época, no cubría los costos de producción.
25 mayo de 1999: Partes médicos anunciados en prensa escrita, denunciaban que: “La Crisis del Café Podría Generar un Problema de Salud Pública”. Revelaba el director del Hospital del Municipio Pinto Salinas, estado Mérida (Zona donde se produce la mejor calidad de café, del país), que la disminución del poder adquisitivo desmejoraba la situación social y sanitaria del grupo familiar del sector cafetalero. Que apreciaba qué, la gente del campo estaba siendo presa de angustia y tensiones traducidas en el aumento de enfermedades como la hipertensión arterial, y la desesperación por la falta de ingresos económicos. Que había habido intentos de suicidios y, que los caficultores estaban vendiendo sus bienes para solucionar problemas de salud.
28 de Abril de 2002: la doctora Fátima Cabrita, médica de Guarico, estado Lara, (zona donde se produce la mayor cantidad de café, del país), denunció que: “entre las enfermedades más comunes del sector se encuentran infartos en personas jóvenes, desnutriciones severas, amibiasis intestinal, parasitosis, lumbalgias por esfuerzos (hernias discales), accidentes cerebro vasculares (…) Un punto resaltante, decía la doctora, son los pacientes con intentos de suicidios y los que han logrado ejecutarlo con ingestión de veneno (herbicidas) y ahorcados, por no poder atender a sus deudas con terceros, todo a raíz de la problemática cafetera”.
Julio de 2004: la prensa del estado Lara reseñó la muerte de niños por desnutrición en zonas cafetaleras, Sanare y Río Claro, y en enero de este año, 2.008, se repitió la denuncia, en la zona cafetalera de Buena Vista, ambas ubicadas en el Municipio Iribarren, cuya capital es Barquisimeto.
Insistentemente hemos enfatizado sobre la imperiosa necesidad de reconocer al productor un precio justo, equitativo, y rentable que le devuelva la dignidad despojada, a los que fueron “los guardianes gratuitos del ambiente, en zonas de alta fragilidad ecológica; donde se encuentran ubicadas las nacientes de los más importantes ríos del país y de sus afluentes; algunos de ellos generadores de energía eléctrica”.
Quedó plasmado en la “Memorias del Congreso Integral del Café de la Región Centro Occidental”, evento patrocinado por la “Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado”, Gobernación del estado Lara, y por la Alcaldía del Municipio Morán qué: “La protección Legal de la Caficultura Venezolana, está basada en no menos de 14 artículos de la Constitución Nacional; y, no se tomó en cuenta al artículo 87 de nuestra Carta Magna.
El daño que se les está ocasionando a las familias caficultoras que viven en la miseria (en no menos de un 98% de ellos), desde hace más de diez años, es incalculable y, está siendo proyectado hacia todos los seres vivos, por su indiscutible incidencia en el ámbito ecológico; lo que hace recordar la “Declaración Universal de los derechos Humanos. Adoptada y Proclamada por la Resolución de la Asamblea General 217”, la cual expresa en su Artículo 5. “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Articulo 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la Ley. Articulo 16:3. La familia es el elemento fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado, entre otros tantos artículos que no se toman en cuenta para beneficio del productor del café.
Por su parte, nuestra Carta Magna expresa en su artículo 23 que “Los tratados, pactos y convenciones relativos a los derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas por esta Constitución y la Ley de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del poder publico”.
¿Dónde se ‘’presume” que está la prueba de la “supuesta” violación de los Derechos Humanos, de la Constitución Nacional y de la leyes de la República que amparan a los caficultores?
8 de julio de 2004. Consta en “Acta” de “Junta Nacional del Café”, del 16 y 17 de junio de 2.004, que fue aprobada por mayoría absoluta de, 9 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención, la propuesta de los caficultores; una banda de precios, para el quintal de café, entre Bs. 162.000 y 222.000, según su calidad, quedando expreso a su vez qué: “Estos precios serán indexados con respecto a la inflación a partir del 15 de septiembre de cada año”. Esto fue ratificado, y consta en “Acta de Junta Nacional del Café” del 8 de julio del 2004.
23 de febrero de 2005. Ante el “presunto” incumplimiento del Ejecutivo Nacional, sobre nuestros derechos consagrados en estos acuerdos por la derogada Ley de Mercadeo Agrícola, muy específicamente, por su artículo 42, que expresa: Son de obligatorio cumplimiento las convocatorias que ordene la Junta Nacional, así como los acuerdos, convenios, contratos y actas que se levanten y suscriban por las partes. Las “Actas” del proceso para la formación de los acuerdos, convenios y contratos tendrán carácter oficial (…),el 23 de febrero de 2.005, los caficultores introdujimos un Recurso de Amparo, ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia; la cual, aun cuando la Constitución Nacional en su artículo 27 ordena qué: (…) El procedimiento de la acción de amparo constitucional será oral, público, “breve”, gratuito y no sujeto a formalidad, y la autoridad competente tendrá potestad para restablecer “inmediatamente” la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella y, que la Ley se refiere a lapsos que tratan de 24 y 48 horas, la sala Constitucional, dictó sentencia el 14-3-2.006, es decir, casi 13 meses después. Esta sentencia expresa: (…)“de conformidad con la Ley de Mercadeo Agrícola las Juntas Nacionales son competentes para discutir y fijar los precios de sostenimiento por rubro o cultivo, siendo vinculantes sus decisiones una vez cumplidos los requisitos establecidos en la aludida Ley y su Reglamento Parcial sobre Juntas nacionales; Razón por la cual, los precios de sostenimiento que fueron reconocidos, fijados y ratificados por la ludida Junta Nacional de Café en junio y julio de 2.004, poseían plena validez, reconociendo con ello también la justeza y apego a la legalidad de las percepciones que para aquel entonces venían percibiendo los caficultores venezolanos, como consecuencia de la venta de sus cultivos, y como adecuada contraprestación a su esfuerzo y medio de vida o subsistencia”.
“Supuestamente” estimó el legislador (a) que la “presunta” violación de los derechos constitucionales de los accionantes, que pudo existir, había cesado con la aprobación de la banda de precios para la cosecha 2.005-2.006; pero, obvió la indexación con respecto a la inflación los 15 de septiembre de cada año, aprobada en “Junta Nacional del Café”, la cual de realizarse, conllevaría a que los precios, que por derecho les corresponde al café, a nivel de productor, superaría a los aprobados para aquel entonces, y en la actualidad los proyecta por encima de los Bs. 850.000 por quintal, equiparándolos con los precios internacionales.
“Suponemos” que se está cuidando la economía del voto, en manos de los consumidores, sacrificando inmisericordemente a más de 55.000 familias caficultoras, que estamos trabajando con el 70% aproximadamente, a perdidas.
“Los ingresos monetarios de una (01) familia caficultora, estadísticamente, son inferiores al 50%, del equivalente a un (01) salario mínimo legal y, de sus ingresos tiene que deducir los costos y gastos de producción”.
Cabe entonces acotar qué, la Constitución expresa en su artículo 25: “Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución es nulo, y los funcionarios públicos y funcionarias publicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según el caso, sin que le sirvan de excusa órdenes superiores”.
Septiembre 2008. El mejor ejemplo de la situación actual de los caficultores está en Santa Marta, Parroquia Hilario Luna Luna del Municipio Morán; Caserío Vitrina del “Plan Café” a nivel nacional, donde las carreteras están intransitables, a pesar de estar a comienzo de la cosecha; donde para recorrer tan solo 28 kilómetros, se tarda 3 ½ o 4 horas; donde hace más de un año, a algunas familias caficultoras, se les hizo derrumbar los ranchos; con paredes de bahareque, piso de tierra, cocina de leña, sin energía eléctrica y sin letrinas y, los están construyendo nuevamente, ante el incumplimiento del “Plan Casa por Rancho”.
Allí se comenzó a construir una escuela bolivariana de dos aulas, para una matrícula de 130 alumnos y, quedó a menos de medio construir, porque no se sabe donde están los reales, lo mismo ocurrió con la construcción de un módulo, de los llamados Barrio Adentro; solo qué la construcción del módulo, tan sólo fue ejecutada en un 20% aproximadamente, porque tampoco se sabe donde están los reales.
En los pocos ranchos donde llega la energía eléctrica, se están quemando los artefactos electrodomésticos, y los motores utilizados para el beneficio del café (Despulpado, secado y trillado), por deficiencia en el voltaje y por los continuos apagones. A veces estamos hasta 5 días sin energía eléctrica y el café se daña si no se procesa, una vez recolectado. La C.A.N.T.V. vendió en la zona, un sinnúmero de teléfonos inalámbricos, y funcionaron bien hasta su nacionalización; ahora no hay cobertura y estamos sin el servicio pero, la renta básica la cobran.
Entre tanto y “supuestamente”, como resultado de las declaraciones de algunos depredadores de las familias caficultoras que iban tras los beneficios de los diferenciales generados por la exportación, con el manejo de las divisas, quienes aseguraban que en el país había una producción excedentaria, de aproximadamente 470.000 quintales, como respuesta a los reclamos de nuestras justas reivindicaciones.
“Presuntamente”, a los caficultores, en lugar de reconocernos nuestros derechos, se nos amenaza con decomisarnos el producto de nuestro trabajo e inversión, a través de las milicias y/o de los Consejos Comunales; porque parece ser que, no hay café suficiente para el consumo nacional y, lo que se “rumora” que está ocurriendo, con el “supuesto”, decomiso en algunas industrias y en el sector comercializador, hace “imaginar” el comienzo de la represión cafetalera; a pesar de que se está vendiendo café en las estaciones de servicio Citgo, en los Estados Unidos, “presuntamente” para beneficiar a los productores venezolanos.
*Presidente
Asociación Nacional de Caficultores de Venezuela
http://noticieroagropecuario.com/hora.ASP?ID=4821
